Objeto:  Creación de la Oficina Municipal de protección al Consumidor en nuestra Capital.

Introducción: La relación de consumo como toda relación jurídica deberá admitir un vínculo entre, al menos, dos polos, a saber, un proveedor, por un lado, y un consumidor, por el otro. En estos términos, cabe plantearse cuál es el límite de la presión que puede ejercerse sobre una de las partes de dicha relación, dentro del marco normativo vigente; esta parte, ciertamente, es el proveedor, polo «fuerte» de la relación de consumo.

Como se sabe, tal «fortaleza» del proveedor, deriva de su postura dominante en la relación de consumo, atribuible a la posición asimétrica a su favor, respecto del consumidor. Esta situación de desequilibrio supera la mera asimetría informativa – en cuya virtud «el proveedor suele tener una mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores», que coloca a éstos «en una situación de desventaja» respecto de aquél «al momento de actuar en el mercado», esa situación de desequilibrio y desventaja se manifiesta, asimismo, en aspectos previos a establecerse la relación de consumo -publicidad, prácticas de estudio de mercado, técnicas de captación de clientela, etc.-, contemporáneos a ella -poder de negociación escaso o nulo por parte del consumidor, condiciones generales de contratación estandarizadas, contratos de adhesión, utilización de formularios predispuestos e indiferencia respecto del cliente ya captado, servicios «post-venta» defectuosos, etc.

Este cúmulo de situaciones justifica, en un estado de Derecho igualitario, la adopción de intervención estatal no solo a nivel Provincial sino también Municipal tendiente a restablecer los equilibrios perdidos. En este sentido, tenemos dos opciones a través de las cuales el municipio puede intervenir en la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, una de forma parcial conjuntamente con la Dirección Provincial de defensa del Consumidor y otra de forma totalmente autónoma e integral. Lo cierto es que el Municipio de la Ciudad Capital mediante Ordenanza Nº 4151/06, se adhirió a la ley Provincial N° 5069, mediante la cual se confiere a la autoridad de aplicación las facultades y atribuciones establecidas en la normativa provincial, con el objetivo de cumplir con los fines detallados en la ley N° 24240 de protección al usuario y consumidor.

Resulta trascendente la creación de este Organismo, en cuanto estadísticamente podemos decir que la resolución de conflictos en el ámbito administrativo cuenta con un 45% de efectividad, es decir, casi la mitad de los casos denunciados en este tipo de Organismos son resueltos satisfactoriamente.

Actuación conjunta con la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor (intervención parcial).

Fundamentación Legal: El Art 41 de la Ley 24.240 en su parte pertinente establece que “Las provincias, en ejercicio de sus atribuciones, podrán delegar sus funciones en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales”. Es decir que, si bien originariamente la autoridad de aplicación es la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, la provincia puede delegar parcial o totalmente sus funciones a los municipios a los fines de que estos velen por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de defensa de los derechos de los consumidores. Así mismo a Nivel Provincial Catamarca cuenta con la Ley 5069 de “Protección de los derechos del consumidor” la cual en su Art 5 primer párrafo establece que “La autoridad de aplicación podrá delegar en las municipalidades, de acuerdo con la reglamentación que se dicte al efecto, las facultades citadas en los incs. b), c) y e) del art. 4 de la presente ley”.

La oficina Municipal de Protección al Consumidor Podrá:

  1. a) Recibir y dar curso a inquietudes y denuncias de los consumidores y asociaciones de consumidores.
  2. b) Disponer de oficio o a petición de parte, la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de la ley nacional 24240 y la presente ley.
  3. c) Disponer de oficio o a requerimiento de parte, la celebración de audiencias de carácter obligatorio con la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y peritos, en caso de no llegar a un acuerdo las actuaciones serán remitidas a la dirección provincial a los fines de determinar la existencia de alguna infracción y la procedencia de la aplicación de una multa.
  4. d) Para el caso que la Dirección Provincial aplicase multas pecuniarias en las causas remitidas por la Oficina Municipal de protección al consumidor, esta última participara en un 50% de lo recaudado, fondos que serán destinados a la educación del consumidor, capacitación del personal de la oficina y adquisición de infraestructura material y técnica necesarias, abonar honorarios de peritos y otros gastos.

Actuación autónoma (intervención integral).

Fundamentación Legal: La Ley Provincial 5069 de “Protección de los derechos del consumidor” establece en su Art 5 en su último párrafo “Los municipios con carta orgánica que adhieran a la presente ley, asumirán las atribuciones y competencias del art. 4, incs. b), c), d), e), f), g) y h). Así mismo en esta misma línea el Concejo Deliberante de la capital el día 23 de noviembre de 2006 aprobó mediante Ordenanza Nº 4151/06 La adhesión a la ley 5069 por parte de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, confiriendo a la autoridad de aplicación mediante el art 3 las facultades y atribuciones descriptas por el art 4 de la ley 5069 con el objetivo de cumplir con los fines detallados en la mencionada ordenanza.

La oficina Municipal de Protección al Consumidor Podrá:

  1. a) Recibir y dar curso a inquietudes y denuncias de los consumidores y asociaciones de consumidores.
  2. b) Disponer de oficio o a petición de parte, la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de la ley nacional 24240 y la presente ley.
  3. c) Solicitar toda información necesaria a entidades públicas y privadas a los fines de constatar el fiel cumplimiento de las condiciones pactadas por parte de los proveedores de bienes y servicios, identificados en el art. 2 de la ley 24240, como así también la observancia de toda legislación vigente en la materia, pudiendo para ello realizar todo tipo de investigaciones y evaluaciones técnicas, científicas, económicas, impositivas, contables y legales.
  4. d) Disponer de oficio o a requerimiento de parte, la celebración de audiencias de carácter obligatorio con la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y peritos.
  5. e) Homologar los acuerdos administrativos conciliatorios a los que arriben los particulares damnificados y los presuntos infractores.
  6. f) Aceptar toda proposición de los denunciados que permitan suplir o equilibrar situaciones en las que se verifique inferioridad, subordinación o indefensión en que puedan encontrarse los consumidores o usuarios;
  7. g) Proceder a los fines de las pertinentes actuaciones administrativas según disposiciones del cap. XII «Procedimientos y sanciones» (arts. 45 al 51) de la ley 24240.
  8. h) El municipio en caso de multa percibirá el 100% de lo recaudado, fondos que serán destinados a la educación del consumidor, capacitación del personal de la oficina y adquisición de infraestructura material y técnica necesarias, abonar honorarios de peritos y otros gastos.