La entrada en vigencia del Código Civil y Comercial el 1 de agosto del año 2015, incorporó la figura novedosa del Abogado del niño, la cual se encuentra dirigida a la protección integral de los menores de entre 13 y 16 años de edad, como un instituto tendiente a la protección y representación de sus intereses (no los intereses de sus progenitores), ante cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte.

A los efectos de poner en funcionamiento el mentado instituto, a priori se deben contemplar algunos términos específicos respecto a la materia. Así en primer lugar, se debe tener presente las edades comprendidas según la ley, para considerar que una persona es niño, y la respuesta nos la da la misma Convención de los Derechos del Niño, que en su art. 1 versa: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

Por su parte, la figura del abogado del niño también encuentra su marco normativo en el art. 27, inc. c), de la ley 26.061, “Garantías mínimas de procedimiento. Garantías en los procedimientos judiciales o administrativos. Los organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:

  1. c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine”… y se la entiende como una figura derivada del derecho del niño/adolescente a ser escuchado, así como a participar en toda cuestión que lo afecte, consagrado asimismo en el art. 12 de la Convención sobre los Derechos del niño: “ Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
  2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.

Según nuestro Código Civil y Comercial en su art 26 se establece: “Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.

No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.

La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona.

Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.

Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.

A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo”.-

El primer párrafo de esta norma establece como principio general, que la persona menor de edad no ejerce sus derechos por sí, sino a través de sus representantes legales: sus padres o en su defecto, el tutor que se le nombre.-

En consonancia con lo establecido en los arts. 5 y 12 de la CDN, el segundo párrafo de la norma recoge el principio de capacidad o autonomía progresiva para el ejercicio  de los derechos de conformidad con la evolución de sus facultades, a través de pautas flexibles.-

En efecto, como contrapartida de la incapacidad de ejercicio emanada del art 24 inc b., las personas que cuenten con la edad y grado de madurez suficiente podrán ejercer por sí aquellos actos de acuerdo a los términos en que les sean permitidos por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto a mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. Incluso, habiendo conflicto de intereses con sus representantes legales, los hijos podrán intervenir por derecho propio y con asistencia letrada, sin perjuicio de los demás supuestos específicos donde también se les reconoce expresamente su actuación con asistencia letrada (arts. 109 inc a, 596, 608 inc a, 617 inc a, 661 inc. b, 677, 678 7 679).-

Es así que, en armonía con el derecho a participar en las decisiones sobre su persona (párrafo tercero de la norma), a lo largo del Código aparecen diversos artículos a través de los cuales se les reconocen el derecho a ser oídos y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta según la edad y grado de madurez: arts. 113, 404.-

Asimismo, cuando gocen de edad y grado de madurez suficiente, pueden ejercer por sí los derechos reconocidos en los arts. 64 y 66 (referidos al apellido), 595 inc. f (consentir su adopción a partir de los diez años) 644 (ejercer la responsabilidad parental), etc.-

La capacidad para ejercer una actividad económica profesional o laboral, bajo relación de dependencia o en forma independiente, surge de los arts. 30, 681, 682 y 683.-

CUIDADO DEL PROPIO CUERPO:

El párrafo sexto de la norma prevé lo que parte de la doctrina ha llamado un supuesto de “mayoría de edad anticipada” para las decisiones relativas al cuidado del propio cuerpo, para lo cual el adolescente será considerado como un adulto a partir de los dieciséis años, con excepción de lo dispuesto para algunos casos específicos ej. Art 15 de la ley 24.193 (trasplantes de órganos y materiales anatómicos) art. 26 de la ley 26.657 (salud mental) art. 5 de la ley 26.743 (identidad de género).-

Antes de esa edad, entre los trece y los dieciséis años, se presume que el adolescente tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física (párrafo cuarto).-

CAPACIDAD PARA TESTAR Y PARA CONTRAER MATRIMONIO:

Si bien la edad legal para contraer matrimonio es a los 18 años, se podrá contraer matrimonio válido antes de los 16 años  previa dispensa judicial. A su vez, el que haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales. A falta de ésta puede hacerlo previa dispensa judicial. La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de madurez alcanzados por la persona, referidos especialmente a la comprensión de las  consecuencias jurídicas del acto matrimonial.-

NECESIDAD DE REGULAR EL INSTITUTO DEL ABOGADO DEL NIÑO A NIVEL MUNICIPAL- RECIENTE APROBACIÓN EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resta luego de esta breve introducción, resaltar o reconocer la importancia de la creación a nivel municipal del instituto del abogado del niño.-

No son pocas las situaciones conflictivas que tienen como protagonistas a los menores de edad, sea por la puja de sus padres sobre cuestiones parentales o sobre cualquier otra situación mencionada anteriormente. Es menester por ello, reconocer desde el Estado, la existencia de la autonomía progresiva de acuerdo al nivel madurativo de la persona. Muchas veces se toman decisiones erradas o simplemente se desoye por el propio desconocimiento sobre la materia.-

La figura del abogado del niño, legislada ampliamente como se vino explicando ut supra, resulta superadora, desde que pretende ampliar derechos y garantías de los más pequeños y adolescentes en la justicia. Lo que se pretende con ello es, brindar mayor celeridad a los juicios  en los que se vean involucrados niños, niñas y adolescentes en conflicto. El abogado del niño puede actuar en causas civiles, penales o administrativas.-

LEGISLATURA DE CORDOBA APROBÓ LA FIGURA DEL ABOGADO DEL NIÑO

Actualmente, podría tomarse como ejemplo la reciente aprobación por la Legislatura de Córdoba, la cual aprobó el último 19 de junio del corriente año, los proyectos 26.964 y 19.082 por los que se modifica la ley 9.944 de Promoción y Protección Integral de  los niños, niñas y adolescentes que incorpora finalmente la figura del abogado del niño, que representará legalmente los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes ante cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte.

La iniciativa se enmarca en el cumplimento de lo que establece el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, referido a que “Los Estados garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez”.-

Como así también acatando las normas de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la ley nacional 26061 y la provincial 9944 que regula el marco jurídico de la promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.-

La nueva ley aprobada hoy también contempla la creación de un Registro Provincial de Abogados del Niño en el ámbito del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba, donde podrán inscribirse todos aquellos profesionales con matrícula para actuar en territorio provincial.

Los profesionales letrados deberán demostrar acabadamente su especialización en derechos del niño, certificado por Unidades Académicas reconocidas y debidamente acreditadas, ya sean estos profesionales del ámbito público como privado, y/o integren distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajen la problemática de la infancia y adolescencia, con trayectoria en el trabajo de niñez y adolescencia desde un enfoque de derechos.-

El Estado Provincial se hará cargo del pago de los honorarios por el patrocinio, establece la ley. Entre las principales funciones el Abogado del Niño deberá ejercer la defensa técnica de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes que le son reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente, además de intervenir y asesorar en las instancias de mediación o conciliación.

Los profesionales serán libremente elegidos por las niñas, niños o adolescentes a quienes representen, de entre los abogados propuestos que surjan de los Registros creados al efecto en cada jurisdicción, y tendrán que defender los derechos en forma independiente de cualquier otro interés que los afecte.

Deberán representar los intereses de las niñas, niños y adolescentes en carácter de parte en todo procedimiento civil, de familia o penal cuando hubiere sido víctima directa o indirecta de un delito, y en todo procedimiento administrativo que lo afecte.

La ley permite que los menores puedan elegir un abogado que represente sus intereses, no los intereses del padre, de la madre o del estado. El interés del niño a veces es contrapuesto con el interés de sus progenitores o del estado.

La iniciativa contó con el respaldo de los distintos bloques parlamentarios, además del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, entre otros organismos e instituciones.-

CATAMARCA: LEY 5357- DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

Habiendo entrado en vigencia en Noviembre del año 2013, con diversas modificaciones a lo largo del tiempo hasta la actualidad, la misma carece de reglamentación y puesta en ejercicio del instituto del abogado del niño, por lo que resultaría obsoleto todo lo en ella normado, es decir de quimérica aplicación desde que no se encuentra efectivamente garantizado su derecho a ser asistido por un letrado especializado en temas de niñez, como lo estipula toda la legislación Nacional y Supranacional vigente. Contando actualmente con la iniciativa en la Cámara de Diputados de la Provincia desde el mes de marzo de 2019.-

Concluimos con la ferviente idea de promover el estudio y el análisis de la temática por nuestro Concejo Deliberante, a los fines de que en congruencia con la ley antes referenciada, se articulen todos los mecanismos necesarios con la finalidad de avanzar en temáticas tan superadoras para nuestra sociedad, desde que el objetivo primordial es crecer y avanzar en consonancia y ritmo que lo hace la sociedad y de acuerdo a las necesidades que la misma vaya presentando. Tomando como modelo la ley aprobada en la provincia de Córdoba, con las adaptaciones pertinentes para ser aplicada a nivel municipal. Así por ejemplo, desde el Consejo Municipal de Niños Niñas y Adolescentes podría promoverse la nómina de abogados de la matrícula con competencia en la materia y concursar el cargo, cuyos honorarios por el ejercicio del patrocinio correspondiente corra por cuenta del Estado Municipal.-